La Crisis Señala el Camino al Proletariado

Colombia atraviesa por uno de los períodos más caóticos de su historia como resultado de la quiebra económica, a la cual se le ha unido, en su momento, el escándalo originado por las irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper. La confusión ha producido a su vez un gran remezón en todo el ámbito social y político. Y a esta crisis no escapa el Moir. Sin embargo, vale la pena, antes que todo, reafirmar que los males que sufre nuestra patria, la ruina de las actividades agropecuarias e industriales, el agravamiento de la miseria del pueblo, tienen una causa común, la expoliación del imperialismo norteamericano. Ese despojo se efectúa por medio de la apertura, el instrumento que viene utilizando Estados Unidos para recolonizar económicamente al Tercer Mundo, así como para convertir todo el continente, desde Anchorage hasta la Tierra del Fuego, en un solo mercado para sus monopolios. Por eso, para el proletariado, que tiene que salir a las calles a defender no sólo sus derechos sino también el patrimonio nacional; para el campesinado que lucha por subsistir; para los empresarios nacionales de la ciudad y del campo que realizan ingentes esfuerzos para no liquidar sus negocios y, en fin, para la inmensa mayoría de los colombianos agobiados por los impuestos, el alto costo de la vida y las escandalosas alzas de las tarifas de los servicios públicos, el avasallamiento gringo no ofrece duda alguna.

El panorama social y económico nos muestra un país al borde del abismo. Los efectos de cinco años de apertura se hacen sentir con toda su devastadora fuerza. El programa gubernamental de Samper se impone bajo el demagógico plan del Salto Social, que no es otra cosa que la patraña inventada por el Fondo Monetario Internacional para postrar a la clase obrera a favor de los conglomerados extranjeros. Mientras el desempleo alcanza niveles dramáticos, a los trabajadores se les aplican las regresivas normas laborales contempladas en la ley 50 de 1990 y en el Código Disciplinario Unico o ley 200 de 1995. Las privatizaciones de la salud y de la seguridad social se aceleran bajo la ley 100 de 1993, y el gobierno desatiende sus obligaciones en ese campo haciendo recaer su pago sobre los hombros de los asalariados. El crecimiento industrial se volvió negativo. Las importaciones y el contrabando siguen creciendo de manera incontenible, y el número de empresas liquidadas o en concordato, en los últimos tres años, supera ampliamente las cifras dadas durante la crisis de principios de los ochentas. En el sector agropecuario los resultados no son mejores. En la actualidad se importan alrededor de cuatro millones de toneladas anuales de alimentos contra menos de un millón que llegaban antes de 1991; el área sembrada se redujo en más de 600.000 hectáreas; salieron del mercado 700.000 productores y 350.000 familias caficultoras se encuentran abocadas a la miseria; se acabaron los créditos de fomento, y se desmantelan las instituciones de apoyo como el ICA, el Idema y la Caja Agraria. Y si alguien del sector agropecuario aún esperaba algo de la embustería de la apertura gradual, oigamos a la ministra de Agricultura, cuando en agosto, con motivo de la aprobación para importar carne de Argentina, decía: “es hora de que los gremios, los productores y los analistas entiendan que la apertura en el campo es un hecho, es irreversible, y antes que limitarla la vamos a profundizar”. (El Tiempo, agosto 4 de 1996). Por eso, si bien mucho industriales y agricultores creyeron inicialmente en los ofrecimientos de crédito abundante para llevar a cabo la reconversión de sus fábricas, en la modernización del Estado y en las promesas de que mejorarían las vías de comunicación para facilitar las exportaciones, con el paso del tiempo empezaron a comprender que la apertura consistía en la entrega de nuestro mercado a la voracidad de los consorcios foráneos. Y para ahondar aún más estas calamidades, entra en juego el desbarajuste monetario y fiscal, producto del cuantioso endeudamiento externo que propicia Samper, préstamos que son utilizados en parte para atender las erogaciones presupuestales que requiere para conseguir la solidaridad de algunos parlamentarios, gobernadores, alcaldes y gamonales políticos. Así, pues, al incierto futuro que se le pronostica a las actividades económicas, se suma la inestabilidad de un gobierno que, embrollado en sus trapacerías, trata por todos los medios de mantenerse en el poder. Pero aún aquí no terminan las angustias de la nación colombiana. Las atroces y repudiables prácticas del secuestro, la extorsión, las masacres, los atentados, el terrorismo, inclusive los de carácter oficial, se han enseñoreado por todo el territorio, perturbando tanto los quehaceres políticos como las labores productivas.

La absolución dada por la Cámara a Samper, en el mes de junio, dejó el natural convencimiento de que se consiguió gracias al uso de los recursos del presupuesto y a la repartición a manos llenas de cargos públicos, no a su inocencia. En aras de obtener el respaldo necesario, entró a saco en las arcas estatales y utilizó la Red de Solidaridad Social para repartir favores, desvió más de 160.000 millones de pesos del erario por medio de los fondos de cofinanciación y, como si fuera poco, ahora la Presidencia cuenta con su propia institución para girar partidas del Tesoro Público. Entre tanto, desde la Casa de Nariño y con el apoyo de un grupo minoritario de la CUT, respaldado por ciertas fuerzas que se dicen de izquierda, hábilmente se busca enfrentar a los sectores populares, dividiendo a los colombianos en dos bandos, de un lado "los pobres", los defensores de la "apertura con corazón", y del otro, los "enemigos del Salto Social", los partidarios del "neoliberalismo" y del "capitalismo salvaje". Pero estas pretensiones se esfuman día a día ante la categórica respuesta dada por el pueblo que, con sus pronunciamientos, nos indican a cada instante otros rumbos. En este sentido se enmarcan las batallas en Facatativá y otros muchos municipios para oponerse a los confiscatorios cobros de las empresas de servicios públicos; los llamamientos de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, ACEB, contra el Pacto Social y las privatizaciones; la huelga de Sintacreditario para impedir que se liquide la Caja Agraria; las marchas de los campesinos en Caquetá, Meta, Putumayo, en el eje cafetero, en Huila, Tolima y, en realidad, en casi todo el territorio nacional, para rechazar la política agrícola que niega cualquier oportunidad para cultivar; o las continuas protestas de los educadores, de los trabajadores de la salud, de las telecomunicaciones y demás empresas estatales, quienes, independientemente de las tendencias prosamperistas de una parte de los dirigentes sindicales, se ven en la necesidad de adelantar combativas protestas contra la enajenación de los bienes de la nación y en defensa de sus conquistas laborales puestas en peligro por las imposiciones del FMI. Todas las demagógicas consejas originadas en el Palacio de Nariño sufren, pues, el más rotundo rechazo. Y no puede ser de otra manera. El desempleo, las asfixiantes tasas impositivas, los servicios caros y malos cuando se logra tenerlos, no son las mejores razones para que los 17 millones de personas que viven en la pobreza y los otros 17 millones que son empujados hacia esa deplorable condición salgan a defender, precisamente, al agente indiscutido en Colombia de la coyunda oligarquía e imperio, causa suprema de nuestros males. Esas son las enseñanzas que nos dejó la celebración del pasado Primero de Mayo. Al1í vimos que la unidad es uno de los más sentidos deseos de los trabajadores y que éstos pueden superar las tácticas patronales y gobiernistas que pretenden ponerlos al servicio de sus enemigos. Asimismo, fieles a su posición de clase, nos mostraron que no se confunden ante los cantos de sirena de “nacionalistas” de última hora y que no se dejarán utilizar para librar batallas ajenas a sus intereses; que cada día son más conscientes de que su tarea principal consiste en liderar el Frente que, conformado sobre la base de la alianza obrero campesina, aglutine a la pequeña burguesía, a la burguesía nacional e inclusive a los integrantes del clero y de las fuerzas armadas que deslinden campos con los agentes del neocolonialismo, Frente que ha de librar las batallas por la soberanía económica y por expulsar al imperialismo y a la oligarquía liberal conservadora que detenta el poder, única forma de construir una patria, esa sí soberana, próspera y en marcha al socialismo.

Ante la bancarrota que se veía venir, los gremios económicos y múltiples fuerzas sociales arreciaron sus ataques contra el jefe del Estado. Los partidos tradicionales, por su parte, se dividieron entre quienes le apostaban a la caída de Samper, sumándose al bando de la oposición y exigiendo su renuncia, y entre quienes prefirieron acatar el consejo de que “más vale pájaro en mano...” y terminaron postrados frente al gobierno e inclusive sacrificaron sus programas a cambio de ministerios, gerencias de institutos, embajadas y aún mínimas prebendas burocráticas. En este enrarecido caldo se afianzaron las oposiciones oportunistas de la nueva dirección del Moir, que busca ponerse a la cola de la “vieja clase política”, y que mira con cierta esperanza obtener, en un futuro no muy lejano, ciertos logros electorales al lado de las huestes del ministro Serpa.

Además de la acusación de haber recibido miles de millones de pesos procedentes de las actividades del narcotráfico, lo cierto es que a la campaña presidencial de Samper ingresaron más de 4.000 millones de pesos de los grupos financieros de Santodomingo, Sarmiento Angulo, Sanford, Ardila Lulle y Sindicato Antioqueño, consorcios que amasan, en conjunto, más de las dos terceras partes de los activos empresariales del país, si se excluye la inversión extranjera. Pero no sólo contribuyeron a elegirlo, sino que al ofrecerle su apoyo incondicional, ya con declaraciones públicas o visitas a Palacio, le permitieron capotear la tormenta en las horas más difíciles de su gobierno. La trayectoria de Samper, primero en ANIF, y luego durante su carrera política, incluidas las actividades proselitistas al lado de López Michelsen en la década del ochenta, sus pronunciamientos en la campaña presidencial de 1990 y la que lo llevó al Palacio de Nariño; su completa y efectiva labor como ministro del régimen de César Gaviria para sacar adelante la apertura recetada por la metrópoli, no dejan lugar a dudas de cuáles intereses representa. Como presidente de la República comencemos, por ahora, por señalar la presteza para satisfacer las exigencias del FMI. En el memorando entregado a fines de noviembre de 1995, el organismo internacional pedía, entre otras cosas, aumentar las tarifas de energía y teléfonos, reajustar el precio de la gasolina, reducir los salarios, hacer un drástico ajuste monetario, elevar las tasas de interés, avanzar en el proceso de privatización y reducir la burocracia. “Recomendaciones” que oportuna y eficazmente Samper ha venido ejecutando, especialmente las que se refieren a enajenar la nación, aumentar las cargas tarifarias e impositivas al pueblo, disminuir los salarios y acabar con los puestos de trabajo.

Aunque la fidelidad de Samper a Estados Unidos no es de ahora, ésta se recrudece después del debate en la Cámara. Bastó que Washington pidiera mayores garantías a la inversión extranjera para que Samper cediera lo poco que no había entregado Gaviria con la resolución 51 de 1991 del Conpes. Ahora, no sólo existe libertad completa para los capitales foráneos sino que aquellos vinculados a los sectores considerados estratégicos, como los servicios públicos, la finca raíz y los medios masivos de comunicación, ni siquiera requieren del permiso previo del Departamento Nacional de Planeación. De la misma manera el gobierno entra a revisar los contratos petroleros con el fin de incrementar las ganancias de los pulpos foráneos en detrimento de los ingresos de Ecopetrol. Inicia la más completa campaña en el exterior para entregarle a los monopolios las empresas de energía eléctrica y acelera la venta de los bancos, de las telecomunicaciones, de las carreteras y de los aeropuertos. Y como la inversión extranjera se ha más que duplicado en los dos últimos años, no es de extrañar, entonces, el respaldo que le brindara a fines de agosto, en carta al mismo Departamento de Estado, un grupo de importantes monopolios norteamericanos, encabezados por BP American Inc., Chevron Corp., Bethel Group lnc. y Triton Energy. Mientras el embajador gringo agravia sin cesar a la nación, se pasea por el territorio patrio inaugurando bases y radares, otorga préstamos y ayuda militar de toda clase, despotrica a diestra y siniestra contra los organismos legislativos y judiciales del país, el presidente y su ministro de Justicia manifiestan que Colombia y Estados Unidos conforman un matrimonio “enamorado e indisoluble” y que el país es un “marido fiel de la inversión foránea”.

¿Cuáles podrían ser, pues, las diferencias de Samper con Washington?
No existiendo contradicciones en el manejo político y económico ni en la forma de ejecutar los deseos de la metrópoli, sólo nos queda por mirar las relaciones que se originan en el narcotráfico. En diciembre de 1993, cuando Samper viajó a Washington, el gobierno norteamericano le hizo saber que conocía la presencia de dineros de la mafia en su campaña. En junio de 1994, al visitar nuevamente la capital del imperio, en la ya tradicional presentación del presidente electo ante sus patrones, dos altos funcionarios de la Casa Blanca, Chris Arcos y Michael Skoll, le reiteraron la acusación y, “él negó que había recibido esos dineros y nosotros le dijimos que lo había hecho (...) El acuerdo básico fue que si se comportaba como si no los hubiera recibido (...) podríamos trabajar juntos”. (El Tiempo, febrero 5 de 1996). Asimismo, según un despacho de la UPI de junio de 1994, el Secretario de Estado, Warren Christopher; aseveró: "No podemos evitar que (Samper) se convierta en presidente. Así que trabajaremos con él y lo observaremos muy de cerca. El sabe que lo que se haga será determinante en las relaciones”. En octubre de 1995, en su discurso ante la ONU, el presidente Clinton, al mismo tiempo que le ofrecía su respaldo al mandatario colombiano, le entregaba sus peticiones: más años de cárcel para los narcotraficantes y la confiscación de numerosas empresas de los carteles. Después de perorar sobre “soberanía” porque del Norte sólo llegaban “unas moneditas”, el gobierno termina respondiendo favorablemente a los reclamos de la Casa Blanca: aumenta las penas para los delitos del narcotráfico, permite la confiscación de bienes, abre las puertas a la extradición de nacionales y autoriza a la marina norteamericana el abordaje de barcos colombianos, cuando estos se encuentren en alta mar.

Todo esto, sin embargo, no ha sido óbice, para que el Comité Ejecutivo del Moir insista en que se fragua una “conspiración” para tumbar a Samper. En declaraciones al periódico Voz, a finales de enero, uno de los miembros del Ejecutivo afirma ligeramente: “(...) y todos coinciden además en que la salida es que asuma el vicepresidente Humberto de la Calle Lombana. Lo cual hace evidente que esto es el producto de una operación sumamente planeada. Quien quiera examinar el conjunto de la situación y atar cabos es importante subrayar que aquí estuvo muy pocos días antes de este suceso el jefe de la CIA, John Deutch y que esto tuvo que hacerse bajo su orientación”. Claro que se cuida muy bien de no mencionar que durante la visita que realizó el director general de la CIA se reunió con los ministros colombianos de Defensa y Justicia, con los directores del DAS y de la Policía y que terminó sentado a manteles con Samper en Palacio. En el último discurso del secretario del Moir, pronunciado el primero de agosto pasado, ya se redondea la posición: “Ponerle un cerco al gobierno en busca del eventual derrocamiento de Samper; desestabilizar las instituciones estatales; alentar las actividades reaccionarias y antinacionales de fiscales, policías y políticos que tienen adicción a su intervencionismo; estigmatizar el país ante la comunidad internacional, y someter a su chantaje a la nación entera, es la forma que adopta el actual proceso de recolonización de Colombia emprendido por el gobierno de los Estados Unidos. Tal aseveración (...) fundamenta nuestra táctica de supeditar todas las contradicciones a la existente entre la nación y el imperialismo, la contradicción mayor”. Tratar a Samper de “sumiso” y a veces “torpe y mediocre” pero objetivo del “más temible mandoble”; que el “virrey” Frechette y el personal de la DEA, la CIA, “los siniestros organismos cuya misión confesa es hoy más que nunca reprimir, espiar y conspirar”; que “tanta complacencia (del gobierno samperista) de nada le ha servido, pues el imperialismo, inflexible ante sus gestos de apaciguamiento, estrecha el cerco a la nación y sigue en pos de su cabeza”, es transformar, por arte de birlibirloque, al lacayo de Samper en la “víctima”, es pretender que la defensa del vendepatria se convierta en la tarea principal del pueblo colombiano y ¡ay de aquellos que "por pendejos" o "por unos dólares mas" no lo hicieran!

Desde la salida del primer comunicado público del nuevo secretario del Moir, en donde se hace un llamamiento para apoyar un frente gaseoso, “sagrado” y con “la gente de bien”, echando por la borda la orientación dada por Mosquera en 1993 de impulsar el frente revolucionario con las fuerzas de izquierda y antiimperialistas, uno de los puntos de discusión con el Comité Ejecutivo giró alrededor del tratamiento de las alianzas. Con el cuento de una “conspiración”, cuando no del peligro de una inminente “invasión” para derrocar al “torpe” mandatario, la dirección del Moir levantó la bandera de la defensa de la “soberanía”. Cabe preguntarse entonces, ¿cuál soberanía? Con la aparición del imperialismo, a fines del siglo pasado, Colombia, país atrasado y que no logró realizar su revolución burguesa, cayó fácilmente bajo la férula de Estados Unidos. Desde ese entonces, cuanto mandatario se ha sentado en el solio de Bolívar, unos en forma abierta y descarada, otros con un poco de recato y aun aquellos que se han atrevido a susurrar en algunas oportunidades contra la injerencia gringa, todos, sin excepción, han acatado obsecuentemente las determinaciones emanadas desde la Casa Blanca. Francisco Mosquera, desarrollando la concepción leninista sobre el imperialismo nos enseñó que el desvalijamiento moderno que se efectúa por medio del neocolonialismo no requiere de virreinatos o protectorados para realizar la labor depredadora. Que aunque eche mano de cuartelazos, invasiones y tomas de territorio, dentro de su inclinación natural a esgrimir la represión cuando lo considera indispensable, las inmensas ganancias las obtiene gracias a la exportación de capitales. En la era actual cuando se presenta la más encarnizada lucha entre los monopolios, los bloques imperialistas, además de saquear las riquezas de las regiones atrasadas del planeta y tratar de asegurar los mercados para sus mercancías, buscan afanosamente alrededor del mundo los países con salarios más deprimidos para instalar sus maquilas. De esa manera se hicieron presentes en el oriente asiático donde una alta población con mesadas de miseria les reportaban jugosas ganancias. Pero aun a su pesar, el imperialismo trae un cierto desarrollo que, en este caso, se traduce en un inevitable incremento de sus costos. Ahí radica el afán por buscar nuevos territorios y, como lo expresa Mosquera, obliga a los países del Tercer Mundo a entrar al mercado mundial con la única mercancía con la cual pueden competir por el momento: fuerza de trabajo barata. De ahí que, en vez de crearle ilusiones al pueblo sobre una hipotética reacción de Samper contra sus amos, era necesario determinar claramente la esencia del régimen y, después de realizar un análisis histórico y concreto sobre los hechos, determinar qué le sirve y qué no a los intereses de la democracia y del proletariado. Cuando se trata precisamente de quien tiene en sus manos las riendas del Estado, y mucho más cuando no existe ni el más leve gesto en favor del pueblo o de la democracia ni la más leve manifestación contra la agresión imperialista, el sólo atribuirle un pequeño asomo de auténtico nacionalismo al primer mandatario, significa traicionar el programa que nos ha orientado, significa sujetar la acción a las conveniencias electoreras de la hora. En febrero de 1979, en el editorial de Tribuna Roja No. 33, Mosquera nos decía: “Por eso los comunistas no nos agregamos a cualquier tipo de reivindicación nacional; no coreamos las rogativas reaccionarias para que las masas se contenten con soberanías simuladas, autodeterminaciones restringidas y no intervenciones de mentiras. Bajo el neocolonialismo la más vulgar y prostituida expoliación se pavonea de dama recatada y pudorosa. La dependencia económica sustenta indirecta paro eficazmente la intromisión política de los magnates de las casas matrices, y sin arrancar de cuajo aquélla no se suprime ésta”.

Con la desaparición de la URSS, el máximo contrincante de los Estados Unidos en la arena internacional, queda limpio el camino para la prepotencia yanqui. Con los más disímiles pretextos interviene en cualquier lugar del planeta: para “repartir alimentos” o “defender los derechos humanos” desembarca sus fuerzas armadas en los países africanos; lleva la guerra al Golfo Pérsico; fomenta la desintegración de Yugoslavia y contribuye a masacrar al pueblo serbio; respalda a Yeltsin para que invada a Chechenia; entra a Panamá para apresar a su antiguo agente a sueldo; para “reinstaurar la democracia” va a Haití; escudado en la lucha contra el narcotráfico instala bases por todo el territorio latinoamericano; certifica y descertifica a los demás gobiernos; construye “escuelas” en apartadas regiones de Colombia y, en fin, entrena y financia al ejército, la policía, los cuerpos secretos de seguridad, fiscalías y demás instituciones de investigación y represión de casi la totalidad de las naciones latinoamericanas. Esa es su característica intervencionista y antidemocrática. Las actuaciones de hecho del imperio no son nuevas, se han agudizado recientemente, como potencia mundial sin contendiente a la vista. No olvidemos, tampoco, que la corrupción es una herramienta más de los monopolios. Los sobornos, el chantaje, la intimidación, cuando no la más feroz violencia, han sido sus armas para extenderse por el mundo, manipular o derrocar gobiernos y someter pueblos enteros. Asimismo, saben sacar provecho de la descomposición de las castas oligárquicas. La actual coyuntura no ha sido la excepción y Washington se mueve para presionar al régimen títere a fin de obtener el máximo de prebendas. Pero esa hegemonía, necesariamente será derribada por la acción revolucionaria de los pueblos que más temprano que tarde se levantarán contra sus opresores internos y externos.

Luego de la muerte de Mosquera, como la nueva dirección se empeñara en conducir al Partido a cerrar filas con los samperistas, y en la práctica llegaron a respaldar al gobierno al supeditar todas las contradicciones a un ataque confuso y de corte burgués al imperialismo, traicionando el rumbo trazado por quien fuera el fundador y máximo guía del MOIR, un grupo cada vez más numeroso de militantes, en los diferentes organismos intensificó la lucha contra aquella tendencia oportunista. La respuesta desesperada y arbitraria del Comité Ejecutivo no se hizo esperar: la expulsión de los siete camaradas miembros de la Junta Directiva de ACEB y de todos aquellos otros que comparten sus posiciones revolucionarias. Parafraseando a Mosquera podríamos afirmar que combatir revolucioanariamente tres largos decenios para terminar remozando la república oligárquica, es como derribar un árbol para cazar un mirlo.

De ahí que reiteremos nuestra firme decisión de continuar la tarea revolucionaria que nos enseñara nuestro recordado líder y maestro Francisco Mosquera, construyendo el partido del proletariado, conservando el programa y los estatutos que le diera al MOIR, impulsando el frente que aglutine a más del 90% de la población y combatiendo a los enemigos principales del pueblo colombiano, el imperialismo y su sostén, la oligarquía liberal-conservadora, hoy encabezada por Ernesto Samper.