Secundamos
la Protesta de las Cuatro Centrales
Hace unos cuantos
días, en un giro de importancia política, las
centrales obreras, CTDC, CUT, CGT y CTC,
llegaron al acuerdo de canalizar conjuntamente
el enojo de los trabajadores colombianos por
las lesivas medidas del gobierno dictadas en
los últimos meses. Los dirigentes sindicales,
a quienes les asiste la justeza de su
cometido, decidieron, en consecuencia, llevar
a cabo una jornada nacional de movilizaciones
populares para el próximo 9 de marzo. Una
respuesta apenas natural. Pocas veces el
pueblo había oído, en tan corto tiempo y sin
escampadero posible, tal afluencia de noticias
malas para su desfalcado bolsillo como ahora,
y eso que el mandato de turno dice seguir los
lineamientos de una "economía social". Por un
lado, alzas, devaluación e impuestos; y por el
otro, unos ridículos aumentos salariales por
debajo de los índices del costo de la vida,
incluso de los admitidos por el DANE. Con el
ítem de que los verdaderos incrementos de los
precios no se desatan hasta haberse concretado
el salario mínimo, los sueldos de los
funcionarios públicos y aun varias
convenciones colectivas. De modo que a la
vuelta de unas cinco o seis semanas la masa
laboriosa pierde porción considerable de las
cortas compensaciones que los patronos le
conceden en medio del regateo más espantoso.
Los regímenes inmediatamente anteriores por lo
menos procuraron mantener un equilibrio, as¡
fuese en apariencia, entre los incrementos de
la carestía y de las remuneraciones; pero el
actual Ejecutivo acaba de lucirse
imponiéndoles a vastos sectores asalariados
reajustes en sus pagas del 25 o el 27 por
ciento cuando la inflación había superado el
28. Con ello, 1989 será el tercer año
consecutivo en que ocurra algo semejante bajo
la presidencia liberal.
Si escudriñáramos las
cifras, pasando por alto los formalismos
académicos, hallaríamos lo que las amas de
casa ya han descubierto en la tienda de la
esquina: el descenso constante del poder
adquisitivo de las gentes del común durante un
período muy largo y crítico. Camacol, el
gremio de los constructores, calcula que dicha
merma, dentro del lapso comprendido entre 1981
y 1988, alcanza poco más o menos el 30% para
los estratos medios de las grandes ciudades.
Este fenómeno lo reflejan inclusive las
variaciones que de pronto se le introducen a
la canasta familiar, cuya composición habla
más de las tendencias sociales del consumo que
de las necesidades básicas de los hogares
menos favorecidos por la fortuna. El renglón
de alimentos ha venido reduciéndose mientras
el de vivienda crece. Lo cual no indica, por
supuesto, que a las mayorías les sobre de su
mesa para acceder a una casa mejor, sino al
contrario, que el techo, cada día más caro y
exiguo, se come la comida. La depauperación
del pueblo aumenta conforme disminuye el área
mínima de construcción habitacional autorizada
por el Estado. Y como las moradas no funcionan
sin agua, luz, etc., en su precio los
encuestadores incluyen obviamente el valor de
los servicios, esa correa mágica que une el
sitio de residencia de los núcleos humanos con
la usura de los empréstitos extranjeros de las
empresas públicas del ramo. Las estadísticas
del sistema no logran encubrir nada de esto,
mas sus estadistas sí encuentran cualquier
resquicio hacia la promulgación de todo tipo
de tributos. El gravamen del cemento resulta
indispensable en la reforma urbana, así las
construcciones se trepen a las nubes. Son
regalos con encarecimientos. La
descentralización administrativa, junto a la
novedad de los alcaldes elegidos en las urnas,
brinda asimismo una magnífica oportunidad para
subir escandalosamente los múltiples arbitrios
que aletean sobre los predios de las
localidades. El que quiera "apertura
democrática" que la compre. Esta orgía fiscal,
desencadenada al amparo del derrumbe paulatino
del principio de los Derechos Humanos que
prohibe desde el siglo XVIII los impuestos al
margen de la representación popular, ha
generado tal repudio, que algunas de sus
secuelas tuvieron que ser pospuestas o
suavizadas, pero no suprimidas, y ya se
murmura acerca de una "urgente racionalización
tributaria". Sin embargo, las fuerzas del
trabajo no reclaman que se reordenen las
cargas. Exigen que se eliminen unas y se
modifiquen otras.
El foco del caos de
nuestra regulación impositiva, con su enjambre
de exacciones indirectas, regresivas y
antitécnicas, no debe buscarse en las oficinas
del Conpes de la capital de la república, sino
en Washington, la sede del Fondo Monetario
Internacional. Desde allí se nos vigila y se
nos presiona a cumplir con las obligaciones de
una deuda de 16.600 millones de dólares, sin
contar los 1.700 millones del "challenger" que
con tanto júbilo anunciara el doctor Virgilio
Barco en su alocución televisiva, de final de
año. Los entendidos estiman que, por concepto
de intereses y amortizaciones, en 1989
Colombia habrá de girar a sus prestamistas en
el exterior una suma equivalente al 64% de sus
exportaciones, tasadas en US$ 6.000 millones,
en números redondos. Proporción que por sí
sola dice todo de la magnitud del problema. A
causa de este factor, sencillo y a la vez
complejo, muchas cosas trascendentales están
comprometidas: las finanzas públicas, el
desarrollo económico, el bienestar del pueblo,
la autodeterminación nacional. El país ha sido
entrampado, y sin contraprestación ninguna.
Porque, además de las cláusulas onerosas de
las contrataciones, los empréstitos fueron
dirigidos por lo general hacia proyectos que
no reportan divisas, o simplemente no rentan.
La nación se endeudó en aras de su
infraestructura, su energía eléctrica, o de
los llamados "programas sociales", a cuya
sombra ha florecido más de una infamia en
Colombia. últimamente estamos prestando para
pagar.
Los obreros no se
oponen por concepción a los préstamos
internacionales ni a la inversión foránea.
Reclaman, eso sí, que ambas alternativas, de
aplicarse, coadyuven en realidad al progreso
de la patria. Lamentablemente la experiencia
enseña otro panorama muy distinto. El
sacrificio del endeudamiento, en vez de
jalonar nuestra industrialización, la ha
deprimido. El presidente de la ANDI, haciendo
alusión a la insuficiencia del "ahorro
interno", recién señalaba en reportaje a la
revista Deslinde que 46el país no está creando
grandes industria?. Dentro del conjunto de las
trabas tradicionales que nos han cerrado la
posibilidad de un crecimiento sostenido,
resaltan cabalmente las desventajosas
relaciones con los carteles financieros de las
metrópolis más boyantes. Hoy por hoy la
principal inquietud económica nuestra consiste
en librarnos de las iras de los acreedores,
para quienes todos los años recogemos sin
demoras una cuota enorme de los frutos del
trabajo de la nación, El poder central, que es
el encargado de la recolecta, se mueve entre
el déficit presupuestario y el desborde
impositivo, dos deformaciones convertidas en
dogmas, con las cuales, de manera velada pero
efectiva, se mella el ingreso real de los
asalariados, las víctimas propiciatorias del
escamoteo. La plata hay que extraerla de donde
sea, por encima de las prelaciones de la
planificación y sin reparar en los perjuicios
que se causen. En 1988 el gobierno les pidió a
las Cámaras retocar la Ley Orgánica del
Presupuesto con el fin de apoderarse de las
ganancias de las empresas industriales y
comerciales del Estado, que de un plumazo
quedaron condenadas al estancamiento. La
indigencia de los ciudadanos corre pareja con
la penuria de los institutos. El sindicato de
los Seguros Sociales de Antioquia, entre los
muchos sucesos característicos de la época y
que pudiéramos referir, se vio precisado a
enfrentarse a sus superiores para echar atrás
la reutilización de las jeringas desechables,
un insólito recorte de gastos que no se
compadece ni con el origen ni con la
destinación de una entidad sufragada
fundamentalmente por los trabajadores y los
patronos. Disponiendo a la diabla de la
riqueza pública e intensificando las
privaciones de las masas jamás sacaremos a
Colombia de la dependencia y el atraso. Alguno
gremios de la producción, y la misma Fenalco,
han reconocido cómo la rápida alza de los
precios y la pérdida continua de la capacidad
de compra de la población repercuten de
inmediato en la demanda, impidiendo la salida
de los bienes de la industria y del agro, con
la consiguiente agudización de las anomalías
económicas de Colombia, incluido el desempleo.
Creer en luchas contra la "pobreza absoluta" y
en planes de "rehabilitación", a tiempo que se
constriñen las actividades productivas, no
pasa de ser una lastimosa quijotada o un
maldito engaño. Así como nunca hubo bienestar
social sin desarrollo económico, tampoco habrá
despegue industrial con un pueblo excluido del
mercado. No en balde el MOIR, valorando las
prioridades de la convergencia de salvación
nacional planteada por varios sectores, llama
a proteger e impulsar la producción del país,
cuyo éxito está muy lejos de erigirse sobre el
desmejoramiento de su mano de obra. Por eso la
clase obrera, la más hundida tras el alud de
las imposiciones gubernamentales, es también
la más interesada en que se establezca un
adecuado contrapeso entre, los diferentes
resortes de la economía, empezando por la
revisión del salario mínimo y de aquellas
convenciones colectivas que ni siquiera
igualaron la tasa inflacionaria. La razón de
la carestía hay que averiguarla en los
faltantes del Estado, la emisión monetaria, la
devaluación automática, el régimen tributario,
los altos intereses, los quebrantos de la
producción o el monopolio internacional, no en
las nóminas de los trabajadores.
Las complicaciones de
Virgilio Barco en su mayor parte han sido
heredadas de los hombres que le antecedieron
en el ejercicio del mando: no obstante, su
actitud desdeñosa ante las sentidas demandas
de los desposeídos le han ganado no únicamente
dolores de cabeza sino la intimación de un
paro que aquéllos todavía le deben. Mas nunca
es tarde para corregir. Que la jornada del 9
de marzo convenza a los altos dignatarios del
error histórico de satisfacer los abusos del
FMI con los desbarajustes económicos y el
empobrecimiento de la nación. Los responsables
del poder han de tener en cuenta, desde luego,
los compromisos con la banca internacional;
pero no pueden volverle la espalda a la
problemática del país. El ciego cumplimiento,
en lugar de conducirnos hacia la tierra
prometida, tarde que temprano nos arrastrará a
las insolvencias de México, Argentina, Brasil,
Bolivia, Perú y ahora de Venezuela. El
persistir en el camino equivocado, al socaire
de la "justicia social" el "plebiscito" o el
"esquema gobierno oposición", escasamente
probaría que la clase burguesa se atiene a
fórmulas preconcebidas y no al escrutinio
juicioso de la realidad cambiante, un pecado
que la crítica institucionalizada le endilgó
siempre a las fuerzas revolucionarias.
Nuestro Partido le ha
dado una especie de respaldo con condiciones a
la actual administración. El inicio del
cuatrienio lo consideramos de buen augurio
ante las desventuras del "sí se puede". Y en
reciente pronunciamiento pedimos el apoyo de
las huestes patrióticas y democráticas a la
estrategia de paz del primer magistrado. Esta
posición se desprende del análisis hecho sobre
la grave situación de la hora y que nos llevó
a proponer, cual lo hemos explicado en varias
ocasiones, un frente que resguarde la
soberanía de la nación, civilice la contienda
política, pugne por la producción nacional y
prohíje las reivindicaciones del pueblo. Los
acercamientos encaminados hacia tales metas no
significan cheques en blanco para nadie,
máxime si se atenta contra uno de los pilares
imprescindibles de la unidad, el proletariado.
Por lo demás, el
acuerdo de las centrales no puede ser más
aclaratorio. El movimiento sindical, por
primera vez en mucho tiempo, se aglutina
alrededor de sus reclamaciones y empuña las
riendas de su protesta, proscribiendo de los
actos del nueve, el terrorismo y la injerencia
de los provocadores.
Inmenso valor tienen
entre nosotros las directrices señaladas, no
porque se trate de cuestiones nuevas sino
olvidadas. En los dominios del sindicalismo
levantaron sus tiendas de campaña credos
disímiles que han estimulado la anarquía y la
confusión, no importa si consciente o
inconscientemente. Se llegó al colmo de
predicar el secuestro cual medio de combate. Y
se practicó, en el caso de José Raquel
Mercado, con el objeto de arrancar la cizaña
de las filas sindicales; y en el caso del
gerente de Indupalma, para hacer valer el
pliego de peticiones. Quienes recapaciten
acerca de los males ocasionados por enfoques
de índole parecida, comprenderán cuánto
representa para los trabajadores una táctica
que restaure las demandas de clase, el
concurso de las masas, la acción unitaria y el
ánimo insobornable.
La movilización ha
sido organizada con el criterio de que los
contingentes proletarios no cifran su
fortaleza en el desconocimiento de las normas
democráticas o en la violación de la ley. Son
sus enemigos los que prescinden de ellas en el
afán de golpearlos.
La protesta
demostrará que mientras las viejas
colectividades abandonan conocidos preceptos,
como la moneda sana o el arbitrio de los
impuestos a través de la representación
popular, la clase obrera los retoma y los
coloca al servicio de su victoria.
Y que lo sucedido a
escala regional con las jeringas del ISS
acontezca con los dictámenes perturbadores de
la vida de Colombia: que se desechen.
Por todo eso
secundamos el 9 de marzo.
Movimiento Obrero
Independiente y Revolucionario MOIR
Comité Ejecutivo
Central
Francisco Mosquera
Secretario General
Publicado en El
Tiempo el 4 de marzo de 1989.
