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?A Manera de Mensaje de A?o Nuevo (*)

El personaje colombiano de 1988, por as? decirlo, fue indudablemente la violencia. Y repite, porque tambi?n tuvo primer?sima distinci?n en 1987, 1986 y 1985. La seriedad del asunto estriba en que nos hallamos, no ante un fen?meno cualquiera, sino frente a la implantaci?n en las lides pol?ticas de los b?rbaros m?todos de la extorsi?n y el crimen. Dentro de las m?ltiples causas de la incontenible mortandad, enumeradas durante este largo tiempo por soci?logos y comentaristas de distinto jaez, sin excluir la gratuita impugnaci?n al car?cter supuestamente perverso de los colombianos, poca importancia se le ha atribuido al principal factor: el ruinoso legado de la estrategia apaciguadora de Belisario Betancur. Sorprende la "amnesia" colectiva, sobre la cual divagaba no hace mucho otro de nuestro expresidentes.

Luego de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, que concluy? segando la vida de la mitad de la Corte, en cualquier pa?s medianamente culto se habr?a procedido, ante lo tr?gico y nocivo de los acontecimientos, a una rectificaci?n de fondo. Pero no. Al mes siguiente de los luctuosos episodios, el propio mandatario, en entrevista a Le Nouvel Observateur que reprodujo El Tiempo de Bogot?, orondamente reiter? no haber "cerrado las puertras al di?logo" dentro del "proceso de paz en que nos hallamos empe?ados". Con el agravante de que en dicho reportaje aceptaba que a la hora del d?a del asalto "hab?a cita" con el prop?sito de barajar acuerdos. En otras palabras, los terroristas desprevinieron al jefe del Estado mientras preparaban la temeraria ocupaci?n. De momento no queremos extendernos sobre algo que pas? inadvertido pero que se dijo. Una confesi?n de cuyas verdaderas implicaciones nadie se ha ocupado pero que bien hubiera merecido una investigaci?n, en lugar de la ret?rica denuncia ante la C?mara del exprocurador Jim?nez G?mez en torno a las vicisitudes del operativo militar, puesto que concierne a la forma como se cumple con los deberes constitucionales de salvaguardar la seguridad p?blica inherentes al ejercicio del cargo presidencial. Apenas s? lo tomamos cual punto de referencia, ahora, cuando las figuras estelares del cuatrienio anterior, los doctores Betancur y Pastrana, conmovieron a su audiencia al demandar, en comunicado conjunto del nueve de los corrientes, las "aproximaciones necesarias? entre el gobierno y la Coordinadora Guerrillera, con el sofisma de que los frentes de las Farc una vez m?s "cesaron unilateralmente fuegos".

No se trata, pues de ingenuas tolerancias. Adem?s, la ingenuidad reiterativa se convierte en complicidad. Estamos ante una estratagema meditada y tejida con antelaci?n, merced a la cual segmentos de la clase dominante, primordialmente el ala mayoritaria del Partido Social Conservador y algunos liberales ?vidos, han comenzado su fragoso ascenso hacia el pleno poder buscando reeditar la triste cr?nica de la paz belisariana. Se pretende empe?ar la tranquilidad del pueblo por otros cuantos a?os m?s a cambio de una irrefrenable ambici?n. Y se hace conscientemente, ya que ning?n colombiano ignora el costoso desencanto de una pacificaci?n que lo ensay? todo o casi todo, menos la desmovilizaci?n de los grupos insurrectos.

Los resultados est?n a la vista. Nunca hubo tal afloraci?n de delitos en nuestras tierras como en la actualidad; pero tampoco jam?s se hab?a admitido el proselitismo armado, con lo que se puso en desventaja a las colectividades desprovistas de instrumentos b?licos y se quebrant? la igualdad de los ciudadanos frente a la ley, ese postulado b?sico de la organizaci?n republicana. Tal deterioro de las costumbres pol?ticas, fuera de lesionar directamente a las masas irredentas y en especial al movimiento obrero, se ha tornado en otra de las protuberantes trabas al desarrollo nacional. Suprimir tan enorme perturbaci?n representa una labor prioritaria del futuro inmediato. Para ello se precisa de por lo menos las siguientes condiciones: rechazo a los intentos de revivir el viejo pacifismo fracasado; apoyo a los sectores que han tenido que adelantar sus quehaceres habituales bajo las exacciones continuas de la coacci?n autorizada, y establecimiento de unas expl?citas reglas de juego democr?ticas de obligatoria observancia para todos los.partidos.

Creemos que el plan de paz de la administraci?n Barco, de esgrimirse tal cual ha sido esbozado, contribuir? a estos anhelos y por tanto debe respaldarse. De cualquier modo, que no haya m?s treguas indefinidas, m?s di?logos est?riles ni m?s pactos altisonantes, mientras la naci?n entera se debilita, se desangra y se corrompe.

EL PROBLEMA SOCIAL NO DETERMINA LA INSURRECCI?N

Desde finales de la d?cada del cincuenta los anarquistas criollos vienen imputando sus frustradas rebeliones a las agudas diferencias econ?micas que prevalecen en la sociedad. El argumento suena muy sabio; sin embargo, resulta profundamente falso. En cualquier ?poca y lugar, al margen de cu?n extremada sea la miseria de las gentes, el requisito indispensable de cualquier guerra civil del modelo que entre nosotros se pregona consiste en el concurso eficaz de la poblaci?n. Y en Colombia, por lo menos desde el surgimiento del Frente Nacional, el pueblo se ha mostrado ap?tico a la soluci?n violenta. Seguir justificando las aventuras terroristas con los desajustes sociales, como suelen hacerlo los pol?ticos astutos y los cl?rigos piadosos, significa simplemente que nunca habr? "paz", pues las transformaciones hist?ricas no se coronan en un santiam?n ni brotar?n de los arreglos de tregua. Los insurgentes contin?an supeditando cualquier compromiso verdadero con el r?gimen a un entendimiento previo sobre los proyectos de desarrollo, el reparto de la riqueza y aun la inclusi?n en la n?mina oficial. A los colombianos les consta que bajo semejantes premisas la llevada y tra?da reconciliaci?n no deja de ser una entelequia, cuando no un enga?o.

Como la acci?n guerrillera est? de espaldas a la realidad, sus auspiciadores se han dado progresivamente licencias que ri?en con los procederes revolucionarios. El sostenimiento de las huestes errantes se vuelve la preocupaci?n m?s imperiosa. Los diversos comandos, en una forma u otra, han aceptado ejercer el secuestro, y el pa?s lo sabe. Cuando caen de improviso sobre uno de esos, municipios olvidados de Colombia van infaliblemente tras los fondos de las peque?as oficinas de la Caja Agraria. En el ?ltimo per?odo han enfilado sus iras contra los medios productivos, destruyendo f?bricas, tumbando torres de energ?a, inutilizando dragas, prendiendo galpones o volando oleoductos. Presionan a los campesinos de las regiones marginadas a emprender marchas en solicitud de v?as y de puentes, y luego los dinamitan. Respecto a las bregas pol?ticas y gremiales, no resisten la tentaci?n de echar mano de los medios coercitivos para dirimir las controversias y precipitar las decisiones.

Los adalides de esta tendencia han llegado a tales l?mites que Jorge Carrillo, su connotado socio dentro del campo sindical, denunci? en medio del desconcierto, tras el fallido paro del 27 de octubre, que la protesta "fue derrotada por la subversi?n y el terrorismo"; atrevi?ndose incluso a exigir que se rechace toda ayuda de la guerrilla al sindicalismo" y "que la Cut no se preste a campa?as contra las Fuerzas Armadas", un vuelco harto sustancial.

En s?ntesis, las haza?er?as de la extremaizquierda nada tienen que ver con una eclosi?n del descontento popular. Todo lo contrario. Intentan sustituir la actuaci?n de las masas, pisotean los funcionamientos democr?ticos, ferian la vida de propios y extra?os, alteran el desenvolvimiento civilizado de la confrontaci?n pol?tica y da?an los bienes de utilidad p?blica. En su corto desplazamiento hacia el R?o de la Patria, Jos? Antonio Gal?n dej? sobre el tema bellas lecciones, no s?lo de escrupuloso uso de las propiedades que temporalmente incaut?, sino de respeto a las existencias de los enemigos que quedaban inermes.

EL EJ?RCITO TAMPOCO ES EL RESPONSABLE DEL CONFLICTO

Las otras tesis con que se sustenta la congruencia del levantamiento armado, o la t?ctica de "la combinaci?n de todas las formas de lucha", por lo com?n giran alrededor del papel represivo de las Fuerzas Armadas. Esta postura luce bastante radical mas carece de fundamento. Despu?s del entreacto castrense, que dio fin a la cruenta disputa entre liberales y conservadores, el r?gimen vigente ha avanzado por la senda de la democracia representativa, con las obvias limitaciones correspondientes a su ?ndole de clase. Las entidades encargadas del orden no han sido ni m?s ni menos draconianas que lo caracter?stico en una rep?blica burguesa de tipo medio. No obstante mantenerse en la pr?ctica, el bipartidismo se ha ido desmontando jur?dicamente, as? sea al estilo colombiano, a cuentagotas, hoy un art?culo, ma?ana un inciso. Aqu? las facciones pol?ticas no se han visto obligadas a enmontarse con el objeto de eludir la espada exterminadora del Estado. Sucede a la inversa. A pesar de enmontarse sobreviven bajo el manto de la legalidad.

Se distorsionan innecesariamente las cosas cuando se afirma que en Colombia, en las ?ltimas d?cadas, el llamado estamento civil ha estado sujeto a la ?gida militar. Antes bien, bajo el experimento del "s? se puede", los caprichosos dict?menes del Ejecutivo obstaculizaron de continuo el despliegue del ej?rcito, a la par que aumentaban con inusitada rapidez los motivos de zozobra. Durante la vigencia de la tregua m?s de un general de la rep?blica ha salido milagrosamente ileso de brutales atentados; y a dos ministros de la defensa se les decret? la baja, sin ning?n, miramiento, por pedir "pulso firme" ante la descomposici?n reinante. Si el uniforme ha adquirido cada vez mayor realce, ello obedece a los prodigios de la pacificaci?n dialogada. ?Por qu? quejarnos entonces de que se les entregue en custodia a los militares las zonas maceradas por el genocidio y la vindicta? ?O que ?stos adopten el cariz deliberante que los c?nones les prohiben? ?No llegamos a esa paradoja despu?s de mucho tr?mite, elucubraci?n e incumplimiento? Un inopinado desenlace que acab? restringi?ndole la libertad de opinar al desprotegido en tanto se la prodiga a quienes posean la protecci?n suficiente para s? y para otros.

El surgimiento de los apodados grupos de autodefensa constituye, sin m?s requilorios, otra de las repercusiones nefandas de la comedia de la "paz". Aparecieron despu?s de la amnist?a y de la firma de los armisticios, no antes. Encarnan una respuesta a la "guerra", no la raz?n de ?sta. No son criaturas primigenias de las tropas regulares, como inocentemente se arguye. Tales desviaciones cuentan con un soporte social muy definido, las incontables v?ctimas de la "vacuna revolucionaria". La instauraci?n de la venganza cual macabro expediente para resolver las contradicciones pol?ticas nos parece la peor purulencia de los males que acongojan a Colombia. Sin embargo, nos encontramos convencidos tambi?n de que mientras no se despejen los interrogantes que estamos planteando; mientras no cesen las vivezas de las siglas que burlan los c?digos y a la vez desean disfrutar de las franquicias de la democracia; mientras no se asuma, una actitud consecuente, di?fana, ante la urgencia de que rijan, sin favoritismos y conforme a derecho, las instancias constitucionales, seguir? prevaleciendo la temida justicia privada. Hasta Bernardo Jaramillo Ossa, el locuaz presidente de la UP, ha admitido que la muerte por cientos de copartidarios suyos "tiene que ver con el origen de la agrupaci?n", "ligado al movimiento guerrillero". Lo intuyen, mas le echan la culpa total a las deficiencias del sistema en materia de garant?as democr?ticas. No obstante, a la direcci?n del Partido Comunista bien le valdr?a recapacitar sobre estas conclusiones de uno de sus miembros y corregir la l?nea, en beneficio del pa?s y de la militancia.

En presencia del oscuro panorama, muchos de los partidarios de los tejemanejes del apaciguamiento han decidido enarbolar, con ?nfulas de grandes descubridores, los antiguos enunciados del derecho de gentes. Estimuladas ya las tentativas insurreccionales tras la divulgaci?n de toda suerte de mentirosos criterios, ahora se piensa darles legitimidad, subordinando las medidas de control de la conmoci?n interior a las laxas interpretaciones de los convenios de Ginebra y corriendo los albures de los nuevos percances que de ellos surjan. Se propone no terminar la vand?lica reyerta sino humanizarla. Y lo ans?an igualmente los alzados en armas, inclusive reclamando la utilizaci?n en tal sentido del articulo 121, con miras a internacionalizar su pleito y contener, de paso, a los cuerpos de seguridad. ?Que intervengan en los asuntos internos nuestros cuanta asociaci?n fantasmal hayan creado en el mundo los ?ulicos de Nicaragua, Cuba y la Uni?n Sovi?tica! Eso por un lado, y por el otro, ?que el gobierno practique la "paz" aunque se le imponga la "guerra"! No otra cosa han entra?ado las delegaciones extranjeras invitadas por los organismos legales de la guerrilla para que juzguen el traum?tico acontecer del pa?s. Olas exhortaciones a que las autoridades resguarden a quienes, adem?s de incurrir en los denominados delitos conexos a la rebeli?n, atacan vehementemente a la fuerza p?blica. ?En qu? contienda civil digna de su nombre el bando insurgente le exige amparo al bando del orden, cual ocurre en Colombia, sobre todo a ra?z de las horrendas y repudiables masacres del a?o que expira?

Miguel Antonio Caro, el estilista de la sup?rstite Constituci?n de 1886 afirmaba que "nada es ciertamente tan anormal como la guerra". Ya entonces, y aun desde antes, se reconoc?a que la ?nica talanquera del estado de anormalidad radica en las vaguedades del referido derecho de gentes porque el resto de prerrogativas consagradas se suspende o puede suspenderse en procura del retorno a la tranquilidad ciudadana. De ah? que los alegatos sobre los alcances de las normas de excepci?n, o sobre el reconocimiento o no del car?cter beligerante de los sublevados, se ventilen a costa de las masas expoliadas, cuyas conquistas democr?ticas languidecen a medida que se avivan las disquisiciones exeg?ticas. Al pueblo trabajador, en definitiva, muy poco le conviene reemplazar las posibilidades del precepto escrito con las artificiosas alteraciones y las ilusas perspectivas de una revoluci?n tramitada por decreto.

LA PRODUCCI?N NACIONAL NO HA CONTADO CON EFECTIVO APOYO

La creencia de que la lucha reivindicativa requiere para su buen augurio del aherrojamiento de los sectores productivos de la ciudad y el campo es otro de los extendidos equ?vocos que la naci?n est? en mora de dilucidar. El atraso y el. yugo econ?mico de los consorcios de las metr?polis tradicionales hacen de las tareas de la industrializaci?n de Colombia un desaf?o progresista y hasta heroico. Bastantes comentarios ha merecido la situaci?n de la zona bananera de Urab?, donde se lleva a cabo un encomiable esfuerzo de desarrollo. Si all? se prescindiera de la cooperaci?n de los trabajadores, l?gicamente no habr?a nada; pero el tacto y el arrojo de los inversionistas tambi?n han sido claves para la obtenci?n de metas tan tangibles como la trasferencia a la balanza de pagos de doscientos millones de d?lares anuales por concepto de exportaciones. En aquella esquina del territorio patrio se ha librado una recia batalla contra la dejaci?n de los gobiernos, la preponderancia de las comercializadoras extranjeras y, recientemente, contra los efectos mef?ticos de la violencia. Podr?amos traer a cuento muchos otros ejemplos elocuentes, en particular el de los restantes cultivos tecnificados, cuyos propugnadores, a punta de sacrificios, le pulen poco a poco la mustia faz al agro colombiano. Con todo, no existe suficiente comprensi?n sobre la trascendencia de tales consecuciones. M?s de un activista pol?tico cosecha aplausos entre el electorado con sus improperios contra industriales y agricultores. Los debates de la ?ltima reforma agraria se dirigieron a fustigar m?s a los empresarios encargados de la modernizaci?n de las ?reas rurales que a quienes todav?a personifican los remanentes del feudalismo. La capa burguesa cuya fortuna se deriva directamente del Estado o de los favores de ?ste o que amasa su riqueza por medio de las operaciones especulativas, con frecuencia aspira a soslayar sus privilegios arremetiendo contra la capa burguesa ligada al engranaje productivo. Y desde los tiempos de L?pez Michelsen los roces entre funcionarios y gremios se han venido agudizando. Escollos todos ?stos que s? debieran allanarse a trav?s de un consenso que jalone el crecimiento material del pa?s, sin el cual ning?n programa de rehabilitaci?n tendr? significado valedero. La prosperidad no ser? factible con la supremac?a de los menesteres parasitarios sobre las acucias de la producci?n, o con un manejo indebido de la deuda externa, el d?ficit fiscal junto a sus secuelas inflacionarias y los otros par?metros fundamentales de la econom?a.

En cuanto al proletariado, se halla muy ajeno a cifrar su ventura en la destrucci?n de las m?quinas o en el asolamiento de las gentes. El Sindicato de Mineros de Antioquia, con sede en el municipio de El Bagre, por su cuenta y riesgo acaba de disponer, "en leg?tima defensa del sagrado derecho al trabajo" la reparaci?n de las torres que suministran el fluido el?ctrico a la empresa y que fueron derribadas por la guerrilla. Este primer precedente claro nos est? advirtiendo hasta qu? punto los adelantos de la lucha obrera llegan a conjugarse, dentro de nuestras singulares circunstancias, con la preservaci?n y el fomento de las fuentes de empleo.

El cometido del MOIR reside actualmente en recoger las reconfortantes ense?anzas que dejan los desprop?sitos y los desafueros de m?s de un lustro de historia colombiana. A mediados de 1988 las dis?miles bander?as coincidieron con nosotros en el llamamiento a construir un frente ?nico por la salvaci?n nacional. Lo curioso es que muchas de ellas interpretaron la consigna como la oportunidad de volver a las abortadas maniobras del pasado, cuando, precisamente, se barrunta la ocasi?n feliz para un replanteamiento justo y valeroso, sobre el cual seguimos insistiendo. ?Acaso los nuevos horizontes no han sido siempre el hallazgo de las ?pocas de intranquilidad, no de los d?as de calma?

Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR
Comit? Ejecutivo Central
Francisco Mosquera
Secretario General

Diciembre 30 de 1988

Notas:

(*) Publicado en El Tiempo el 31 de Diciembre de 1988.

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