El personaje colombiano de
1988, por as? decirlo, fue indudablemente la
violencia. Y repite, porque tambi?n tuvo primer?sima
distinci?n en 1987, 1986 y 1985. La seriedad del
asunto estriba en que nos hallamos, no ante un
fen?meno cualquiera, sino frente a la implantaci?n en
las lides pol?ticas de los b?rbaros m?todos de la
extorsi?n y el crimen. Dentro de las m?ltiples causas
de la incontenible mortandad, enumeradas durante este
largo tiempo por soci?logos y comentaristas de
distinto jaez, sin excluir la gratuita impugnaci?n al
car?cter supuestamente perverso de los colombianos,
poca importancia se le ha atribuido al principal
factor: el ruinoso legado de la estrategia
apaciguadora de Belisario Betancur. Sorprende la
"amnesia" colectiva, sobre la cual divagaba no hace
mucho otro de nuestro expresidentes.
Luego de la toma del Palacio
de Justicia por parte del M-19, que concluy? segando
la vida de la mitad de la Corte, en cualquier pa?s
medianamente culto se habr?a procedido, ante lo
tr?gico y nocivo de los acontecimientos, a una
rectificaci?n de fondo. Pero no. Al mes siguiente de
los luctuosos episodios, el propio mandatario, en
entrevista a Le Nouvel Observateur que reprodujo El
Tiempo de Bogot?, orondamente reiter? no haber
"cerrado las puertras al di?logo" dentro del "proceso
de paz en que nos hallamos empe?ados". Con el
agravante de que en dicho reportaje aceptaba que a la
hora del d?a del asalto "hab?a cita" con el prop?sito
de barajar acuerdos. En otras palabras, los
terroristas desprevinieron al jefe del Estado mientras
preparaban la temeraria ocupaci?n. De momento no
queremos extendernos sobre algo que pas? inadvertido
pero que se dijo. Una confesi?n de cuyas verdaderas
implicaciones nadie se ha ocupado pero que bien
hubiera merecido una investigaci?n, en lugar de la
ret?rica denuncia ante la C?mara del exprocurador
Jim?nez G?mez en torno a las vicisitudes del operativo
militar, puesto que concierne a la forma como se
cumple con los deberes constitucionales de
salvaguardar la seguridad p?blica inherentes al
ejercicio del cargo presidencial. Apenas s? lo tomamos
cual punto de referencia, ahora, cuando las figuras
estelares del cuatrienio anterior, los doctores
Betancur y Pastrana, conmovieron a su audiencia al
demandar, en comunicado conjunto del nueve de los
corrientes, las "aproximaciones necesarias? entre el
gobierno y la Coordinadora Guerrillera, con el sofisma
de que los frentes de las Farc una vez m?s "cesaron
unilateralmente fuegos".
No se trata, pues de
ingenuas tolerancias. Adem?s, la ingenuidad
reiterativa se convierte en complicidad. Estamos ante
una estratagema meditada y tejida con antelaci?n,
merced a la cual segmentos de la clase dominante,
primordialmente el ala mayoritaria del Partido Social
Conservador y algunos liberales ?vidos, han comenzado
su fragoso ascenso hacia el pleno poder buscando
reeditar la triste cr?nica de la paz belisariana. Se
pretende empe?ar la tranquilidad del pueblo por otros
cuantos a?os m?s a cambio de una irrefrenable
ambici?n. Y se hace conscientemente, ya que ning?n
colombiano ignora el costoso desencanto de una
pacificaci?n que lo ensay? todo o casi todo, menos la
desmovilizaci?n de los grupos insurrectos.
Los resultados est?n a la
vista. Nunca hubo tal afloraci?n de delitos en
nuestras tierras como en la actualidad; pero tampoco
jam?s se hab?a admitido el proselitismo armado, con lo
que se puso en desventaja a las colectividades
desprovistas de instrumentos b?licos y se quebrant? la
igualdad de los ciudadanos frente a la ley, ese
postulado b?sico de la organizaci?n republicana. Tal
deterioro de las costumbres pol?ticas, fuera de
lesionar directamente a las masas irredentas y en
especial al movimiento obrero, se ha tornado en otra
de las protuberantes trabas al desarrollo nacional.
Suprimir tan enorme perturbaci?n representa una labor
prioritaria del futuro inmediato. Para ello se precisa
de por lo menos las siguientes condiciones: rechazo a
los intentos de revivir el viejo pacifismo fracasado;
apoyo a los sectores que han tenido que adelantar sus
quehaceres habituales bajo las exacciones continuas de
la coacci?n autorizada, y establecimiento de unas
expl?citas reglas de juego democr?ticas de obligatoria
observancia para todos los.partidos.
Creemos que el plan de paz
de la administraci?n Barco, de esgrimirse tal cual ha
sido esbozado, contribuir? a estos anhelos y por tanto
debe respaldarse. De cualquier modo, que no haya m?s
treguas indefinidas, m?s di?logos est?riles ni m?s
pactos altisonantes, mientras la naci?n entera se
debilita, se desangra y se corrompe.
EL PROBLEMA SOCIAL NO
DETERMINA LA INSURRECCI?N
Desde finales de la d?cada
del cincuenta los anarquistas criollos vienen
imputando sus frustradas rebeliones a las agudas
diferencias econ?micas que prevalecen en la sociedad.
El argumento suena muy sabio; sin embargo, resulta
profundamente falso. En cualquier ?poca y lugar, al
margen de cu?n extremada sea la miseria de las gentes,
el requisito indispensable de cualquier guerra civil
del modelo que entre nosotros se pregona consiste en
el concurso eficaz de la poblaci?n. Y en Colombia, por
lo menos desde el surgimiento del Frente Nacional, el
pueblo se ha mostrado ap?tico a la soluci?n violenta.
Seguir justificando las aventuras terroristas con los
desajustes sociales, como suelen hacerlo los pol?ticos
astutos y los cl?rigos piadosos, significa simplemente
que nunca habr? "paz", pues las transformaciones
hist?ricas no se coronan en un santiam?n ni brotar?n
de los arreglos de tregua. Los insurgentes contin?an
supeditando cualquier compromiso verdadero con el
r?gimen a un entendimiento previo sobre los proyectos
de desarrollo, el reparto de la riqueza y aun la
inclusi?n en la n?mina oficial. A los colombianos les
consta que bajo semejantes premisas la llevada y
tra?da reconciliaci?n no deja de ser una entelequia,
cuando no un enga?o.
Como la acci?n guerrillera
est? de espaldas a la realidad, sus auspiciadores se
han dado progresivamente licencias que ri?en con los
procederes revolucionarios. El sostenimiento de las
huestes errantes se vuelve la preocupaci?n m?s
imperiosa. Los diversos comandos, en una forma u otra,
han aceptado ejercer el secuestro, y el pa?s lo sabe.
Cuando caen de improviso sobre uno de esos, municipios
olvidados de Colombia van infaliblemente tras los
fondos de las peque?as oficinas de la Caja Agraria. En
el ?ltimo per?odo han enfilado sus iras contra los
medios productivos, destruyendo f?bricas, tumbando
torres de energ?a, inutilizando dragas, prendiendo
galpones o volando oleoductos. Presionan a los
campesinos de las regiones marginadas a emprender
marchas en solicitud de v?as y de puentes, y luego los
dinamitan. Respecto a las bregas pol?ticas y
gremiales, no resisten la tentaci?n de echar mano de
los medios coercitivos para dirimir las controversias
y precipitar las decisiones.
Los adalides de esta
tendencia han llegado a tales l?mites que Jorge
Carrillo, su connotado socio dentro del campo
sindical, denunci? en medio del desconcierto, tras el
fallido paro del 27 de octubre, que la protesta "fue
derrotada por la subversi?n y el terrorismo";
atrevi?ndose incluso a exigir que se rechace toda
ayuda de la guerrilla al sindicalismo" y "que la Cut
no se preste a campa?as contra las Fuerzas Armadas",
un vuelco harto sustancial.
En s?ntesis, las haza?er?as
de la extremaizquierda nada tienen que ver con una
eclosi?n del descontento popular. Todo lo contrario.
Intentan sustituir la actuaci?n de las masas, pisotean
los funcionamientos democr?ticos, ferian la vida de
propios y extra?os, alteran el desenvolvimiento
civilizado de la confrontaci?n pol?tica y da?an los
bienes de utilidad p?blica. En su corto desplazamiento
hacia el R?o de la Patria, Jos? Antonio Gal?n dej?
sobre el tema bellas lecciones, no s?lo de escrupuloso
uso de las propiedades que temporalmente incaut?, sino
de respeto a las existencias de los enemigos que
quedaban inermes.
EL EJ?RCITO TAMPOCO ES EL
RESPONSABLE DEL CONFLICTO
Las otras tesis con que se
sustenta la congruencia del levantamiento armado, o la
t?ctica de "la combinaci?n de todas las formas de
lucha", por lo com?n giran alrededor del papel
represivo de las Fuerzas Armadas. Esta postura luce
bastante radical mas carece de fundamento. Despu?s del
entreacto castrense, que dio fin a la cruenta disputa
entre liberales y conservadores, el r?gimen vigente ha
avanzado por la senda de la democracia representativa,
con las obvias limitaciones correspondientes a su
?ndole de clase. Las entidades encargadas del orden no
han sido ni m?s ni menos draconianas que lo
caracter?stico en una rep?blica burguesa de tipo
medio. No obstante mantenerse en la pr?ctica, el
bipartidismo se ha ido desmontando jur?dicamente, as?
sea al estilo colombiano, a cuentagotas, hoy un
art?culo, ma?ana un inciso. Aqu? las facciones
pol?ticas no se han visto obligadas a enmontarse con
el objeto de eludir la espada exterminadora del
Estado. Sucede a la inversa. A pesar de enmontarse
sobreviven bajo el manto de la legalidad.
Se distorsionan
innecesariamente las cosas cuando se afirma que en
Colombia, en las ?ltimas d?cadas, el llamado estamento
civil ha estado sujeto a la ?gida militar. Antes bien,
bajo el experimento del "s? se puede", los caprichosos
dict?menes del Ejecutivo obstaculizaron de continuo el
despliegue del ej?rcito, a la par que aumentaban con
inusitada rapidez los motivos de zozobra. Durante la
vigencia de la tregua m?s de un general de la
rep?blica ha salido milagrosamente ileso de brutales
atentados; y a dos ministros de la defensa se les
decret? la baja, sin ning?n, miramiento, por pedir
"pulso firme" ante la descomposici?n reinante. Si el
uniforme ha adquirido cada vez mayor realce, ello
obedece a los prodigios de la pacificaci?n dialogada.
?Por qu? quejarnos entonces de que se les entregue en
custodia a los militares las zonas maceradas por el
genocidio y la vindicta? ?O que ?stos adopten el cariz
deliberante que los c?nones les prohiben? ?No llegamos
a esa paradoja despu?s de mucho tr?mite, elucubraci?n
e incumplimiento? Un inopinado desenlace que acab?
restringi?ndole la libertad de opinar al desprotegido
en tanto se la prodiga a quienes posean la protecci?n
suficiente para s? y para otros.
El surgimiento de los
apodados grupos de autodefensa constituye, sin m?s
requilorios, otra de las repercusiones nefandas de la
comedia de la "paz". Aparecieron despu?s de la
amnist?a y de la firma de los armisticios, no antes.
Encarnan una respuesta a la "guerra", no la raz?n de
?sta. No son criaturas primigenias de las tropas
regulares, como inocentemente se arguye. Tales
desviaciones cuentan con un soporte social muy
definido, las incontables v?ctimas de la "vacuna
revolucionaria". La instauraci?n de la venganza cual
macabro expediente para resolver las contradicciones
pol?ticas nos parece la peor purulencia de los males
que acongojan a Colombia. Sin embargo, nos encontramos
convencidos tambi?n de que mientras no se despejen los
interrogantes que estamos planteando; mientras no
cesen las vivezas de las siglas que burlan los c?digos
y a la vez desean disfrutar de las franquicias de la
democracia; mientras no se asuma, una actitud
consecuente, di?fana, ante la urgencia de que rijan,
sin favoritismos y conforme a derecho, las instancias
constitucionales, seguir? prevaleciendo la temida
justicia privada. Hasta Bernardo Jaramillo Ossa, el
locuaz presidente de la UP, ha admitido que la muerte
por cientos de copartidarios suyos "tiene que ver con
el origen de la agrupaci?n", "ligado al movimiento
guerrillero". Lo intuyen, mas le echan la culpa total
a las deficiencias del sistema en materia de garant?as
democr?ticas. No obstante, a la direcci?n del Partido
Comunista bien le valdr?a recapacitar sobre estas
conclusiones de uno de sus miembros y corregir la
l?nea, en beneficio del pa?s y de la militancia.
En presencia del oscuro
panorama, muchos de los partidarios de los tejemanejes
del apaciguamiento han decidido enarbolar, con ?nfulas
de grandes descubridores, los antiguos enunciados del
derecho de gentes. Estimuladas ya las tentativas
insurreccionales tras la divulgaci?n de toda suerte de
mentirosos criterios, ahora se piensa darles
legitimidad, subordinando las medidas de control de la
conmoci?n interior a las laxas interpretaciones de los
convenios de Ginebra y corriendo los albures de los
nuevos percances que de ellos surjan. Se propone no
terminar la vand?lica reyerta sino humanizarla. Y lo
ans?an igualmente los alzados en armas, inclusive
reclamando la utilizaci?n en tal sentido del articulo
121, con miras a internacionalizar su pleito y
contener, de paso, a los cuerpos de seguridad. ?Que
intervengan en los asuntos internos nuestros cuanta
asociaci?n fantasmal hayan creado en el mundo los
?ulicos de Nicaragua, Cuba y la Uni?n Sovi?tica! Eso
por un lado, y por el otro, ?que el gobierno practique
la "paz" aunque se le imponga la "guerra"! No otra
cosa han entra?ado las delegaciones extranjeras
invitadas por los organismos legales de la guerrilla
para que juzguen el traum?tico acontecer del pa?s.
Olas exhortaciones a que las autoridades resguarden a
quienes, adem?s de incurrir en los denominados delitos
conexos a la rebeli?n, atacan vehementemente a la
fuerza p?blica. ?En qu? contienda civil digna de su
nombre el bando insurgente le exige amparo al bando
del orden, cual ocurre en Colombia, sobre todo a ra?z
de las horrendas y repudiables masacres del a?o que
expira?
Miguel Antonio Caro, el
estilista de la sup?rstite Constituci?n de 1886
afirmaba que "nada es ciertamente tan anormal como la
guerra". Ya entonces, y aun desde antes, se reconoc?a
que la ?nica talanquera del estado de anormalidad
radica en las vaguedades del referido derecho de
gentes porque el resto de prerrogativas consagradas se
suspende o puede suspenderse en procura del retorno a
la tranquilidad ciudadana. De ah? que los alegatos
sobre los alcances de las normas de excepci?n, o sobre
el reconocimiento o no del car?cter beligerante de los
sublevados, se ventilen a costa de las masas
expoliadas, cuyas conquistas democr?ticas languidecen
a medida que se avivan las disquisiciones exeg?ticas.
Al pueblo trabajador, en definitiva, muy poco le
conviene reemplazar las posibilidades del precepto
escrito con las artificiosas alteraciones y las ilusas
perspectivas de una revoluci?n tramitada por decreto.
LA PRODUCCI?N NACIONAL NO HA
CONTADO CON EFECTIVO APOYO
La creencia de que la lucha
reivindicativa requiere para su buen augurio del
aherrojamiento de los sectores productivos de la
ciudad y el campo es otro de los extendidos equ?vocos
que la naci?n est? en mora de dilucidar. El atraso y
el. yugo econ?mico de los consorcios de las metr?polis
tradicionales hacen de las tareas de la
industrializaci?n de Colombia un desaf?o progresista y
hasta heroico. Bastantes comentarios ha merecido la
situaci?n de la zona bananera de Urab?, donde se lleva
a cabo un encomiable esfuerzo de desarrollo. Si all?
se prescindiera de la cooperaci?n de los trabajadores,
l?gicamente no habr?a nada; pero el tacto y el arrojo
de los inversionistas tambi?n han sido claves para la
obtenci?n de metas tan tangibles como la trasferencia
a la balanza de pagos de doscientos millones de
d?lares anuales por concepto de exportaciones. En
aquella esquina del territorio patrio se ha librado
una recia batalla contra la dejaci?n de los gobiernos,
la preponderancia de las comercializadoras extranjeras
y, recientemente, contra los efectos mef?ticos de la
violencia. Podr?amos traer a cuento muchos otros
ejemplos elocuentes, en particular el de los restantes
cultivos tecnificados, cuyos propugnadores, a punta de
sacrificios, le pulen poco a poco la mustia faz al
agro colombiano. Con todo, no existe suficiente
comprensi?n sobre la trascendencia de tales
consecuciones. M?s de un activista pol?tico cosecha
aplausos entre el electorado con sus improperios
contra industriales y agricultores. Los debates de la
?ltima reforma agraria se dirigieron a fustigar m?s a
los empresarios encargados de la modernizaci?n de las
?reas rurales que a quienes todav?a personifican los
remanentes del feudalismo. La capa burguesa cuya
fortuna se deriva directamente del Estado o de los
favores de ?ste o que amasa su riqueza por medio de
las operaciones especulativas, con frecuencia aspira a
soslayar sus privilegios arremetiendo contra la capa
burguesa ligada al engranaje productivo. Y desde los
tiempos de L?pez Michelsen los roces entre
funcionarios y gremios se han venido agudizando.
Escollos todos ?stos que s? debieran allanarse a
trav?s de un consenso que jalone el crecimiento
material del pa?s, sin el cual ning?n programa de
rehabilitaci?n tendr? significado valedero. La
prosperidad no ser? factible con la supremac?a de los
menesteres parasitarios sobre las acucias de la
producci?n, o con un manejo indebido de la deuda
externa, el d?ficit fiscal junto a sus secuelas
inflacionarias y los otros par?metros fundamentales de
la econom?a.
En cuanto al proletariado,
se halla muy ajeno a cifrar su ventura en la
destrucci?n de las m?quinas o en el asolamiento de las
gentes. El Sindicato de Mineros de Antioquia, con sede
en el municipio de El Bagre, por su cuenta y riesgo
acaba de disponer, "en leg?tima defensa del sagrado
derecho al trabajo" la reparaci?n de las torres que
suministran el fluido el?ctrico a la empresa y que
fueron derribadas por la guerrilla. Este primer
precedente claro nos est? advirtiendo hasta qu? punto
los adelantos de la lucha obrera llegan a conjugarse,
dentro de nuestras singulares circunstancias, con la
preservaci?n y el fomento de las fuentes de empleo.
El cometido del MOIR reside
actualmente en recoger las reconfortantes ense?anzas
que dejan los desprop?sitos y los desafueros de m?s de
un lustro de historia colombiana. A mediados de 1988
las dis?miles bander?as coincidieron con nosotros en
el llamamiento a construir un frente ?nico por la
salvaci?n nacional. Lo curioso es que muchas de ellas
interpretaron la consigna como la oportunidad de
volver a las abortadas maniobras del pasado, cuando,
precisamente, se barrunta la ocasi?n feliz para un
replanteamiento justo y valeroso, sobre el cual
seguimos insistiendo. ?Acaso los nuevos horizontes no
han sido siempre el hallazgo de las ?pocas de
intranquilidad, no de los d?as de calma?
Movimiento Obrero
Independiente y Revolucionario MOIR
Comit? Ejecutivo Central
Francisco Mosquera
Secretario General
Diciembre 30 de 1988
Notas:
(*) Publicado en El Tiempo
el 31 de Diciembre de 1988.
